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En estos días, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirán si abren investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y contra su gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy jefe de Ecopetrol. Los magistrados Benjamín Ortiz, liberal, y Álvaro H. Prada, del Centro Democrático, tienen lista una ponencia para avanzar en la indagación, por graves indicios de falsedad en la contabilidad de la campaña. La decisión está en manos del pleno del Consejo, donde, según mis fuentes, la propuesta de Ortiz y Prada podría conseguir una mayoría de cinco o seis votos.
Aportes no registrados en los informes contables a que están obligadas a toda campaña, procedentes de Fecode y la USO, así como vuelos chárter para el candidato que tampoco fueron anotados como donaciones, se suman a otras pruebas y forman un bloque que acumula más de $ 6.000 millones recibidos de manera oculta. Al menos uno de los donantes de vuelos chárter obtenidos luego, del Gobierno, un jugoso contrato a dedo por más de $ 60.000 millones, según ‘La silla vacía’.
La campaña habría escondido esos deportes para ocultar una clara violación de los topes de gasto que la ley impone a las campañas. A eso hay que sumar los $ 15.000 millones que el embajador ante la FAO, Armando Benedetti, dijo –en un mensaje de audio, el año pasado, a la entonces secretaria del Presidente, Laura Sarabia– haber conseguido de donantes que “no son empresarios ”, entre ellos un excapo del narcotráfico, y que tampoco fueron registrados en la contabilidad.
Esos dos paquetes de aportes suman más de $ 20.000 millones, unos 5 millones de dólares, no lejos de lo que el cartel de Cali aportó a la campaña Samper Presidente en 1994, en el mayor escándalo de financiación electoral del país. El audio de Benedetti, así como otros aportes millonarios que habrían recibido la candidata a vicepresidenta, Francia Márquez, y el gerente de la campaña petrista al Congreso, el hoy minsalud, Guillermo A. Jaramillo, son objeto de indagación por fiscales ante la Corte Suprema .
Más allá del futuro de estas investigaciones, salta a la vista que, dos años después de las elecciones, los fantasmas de financiación ilegal de la campaña petrista están espantando más que nunca, lo mismo al mandatario que a varios de sus colaboradores.
Aunque en el terreno penal, al Presidente solo lo puede investigar la Cámara de Representantes, la Vicepresidenta y su equipo están expuestos a indagaciones de la justicia ordinaria. En cuanto al proceso en el CNE, no están claras las consecuencias si el Presidente y sus directivos de campaña resultan responsables. Pero el propio Petro dijo en 2020 una frase que hoy se vuelve en su contra: “Un solo voto obtenido a través del fraude anula una elección”.
Creo que las cosas no van a llegar tan lejos. Pero si el Presidente sigue atacando al Congreso (su juez natural), a los partidos (que mandan en el Congreso y en el CNE) y al propio CNE, contra el que la ha emprendido varias veces, y si vuelve a mostrarse agresivo con la Corte Suprema, podemos entrar en tierra desconocida.
A esto se suma un ambiente de opinión pública que también aterra a Petro. Una nueva entrega del Invamer Poll mostró que el respaldo a su gestión, que había recuperado algo de terreno a inicios de año, volvió a caer, y que 6 de cada 10 colombianos rajan el trabajo del Presidente.
Preocupado por las manifestaciones en contra del Gobierno –anunciadas para hoy–, Petro trató de debilitarlas al declarar día cívico el viernes y notificarle a la gente que saliera de las grandes ciudades como Bogotá, dizque para ahorrar agua y luz ante el peligro de racionamientos. Como si no ir a la oficina o al colegio, y salir de la ciudad, significara que las personas no se bañan o gastan menos energía eléctrica. La intentona del Presidente fue tan obvia como ridícula. Y, de paso, confirma que está asustado.
MAURICIO VARGAS
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