Siempre que regresa al primer plano atención el tema de la paz total la se dirige hacia las partes sentadas en las mesa. De esta realidad no se escapa el proceso que apenas comienza con el llamado Estado Mayor Central, Emc, que reúne a un sector de las llamadas disidencias de las Farc, organización que dista mucho de ser monolítica y su mando vertical. Es evidente que en su seno se registran constantes tensiones y disputas por el poder de la organización. La semana pasada, por ejemplo, quedó en evidencia que los frentes con presencia en Arauca y Cauca no tienen representación en la mesa, tal y como lo reconoció el propio comisionado de paz, Otty Patiño.
Estos han continuado con sus acciones violentas, como fue el caso del hostigamiento a la estación de Policía de Corinto el pasado jueves, o el ataque con cilindros de gas a las instalaciones del batallón Pichincha en Cali y los retenes en vías principales del departamento del Cauca. , que revive recuerdos de épocas muy aciagas de nuestra historia reciente.
Las acciones llamadas que hicieron ayer los gobernadores pidiendo contundentes tiene que ser atendido.
Y así como se ha criticado con vehemencia y razón al Emc por su falta de voluntad de paz y se ha denunciado, con cifras, que ha aprovechado el cese de hostilidades para extenderse y fortalecerse, el Gobierno también ha sido objeto de críticas por el manejo que le ha dado a este intento de paz negociada. Quizás la más recurrente apunta a una generosidad excesiva, la cual lo llevó a darle estatus político al Emc ya decretar con prontitud un cese al fuego sin haber constatado con hechos, no con palabras, que los grupos bajo esta sigla de verdad tuviesen intención de dejar. las armas. Como es lógico, también se ha prestado atención a lo que la Fuerza Pública tiene que aportar en todo este contexto. Lo más reciente fue su oportuna sugerencia al presidente Gustavo Petro de no continuar con el cese mencionado. Este ya no está vigente en tres departamentos –Cauca, Valle y Nariño– luego del infame asesinato de la líderesa indígena Carmelina Yule.
Es innegable que este grupo está tomando poder inusitado, mientras la situación de la población en los territorios con presencia o bajo su control no siempre tiene la relevancia debida. De ahí la importancia del informe trimestral entregado por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al Consejo de Seguridad del Organismo, presentado el pasado martes 9 de abril en Nueva York. En este documento, la ONU fue clara en su llamado al Emc para que ponga fin a la violencia contra la población civil porque de ello “dependen vidas y la credibilidad del proceso”. A este grupo le corresponde demostrar, con gestos de paz urgentes e inmediatos, que está interesado en el diálogo.
En todo caso, el de la gente a merced de las organizaciones armadas ilegales es un problema creciente, sin que asome una salida esperanzadora en forma de estrategia de seguridad. Así lo recuerdan en un angustioso llamado efectuado este fin de semana los gobernadores del país al Presidente. Denuncian, entre otros, un plan para tentar contra el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez y las amenazas contra la población civil en Guaviare.
El Gobierno tiene que apoyarse en la Fuerza Pública para actuar de forma contundente contra quienes atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Este es un mandato constitucional. El deber de garantizar la convivencia pacífica, como algunas voces ya lo han dicho, no puede estar supeditado exclusivamente a la política de ceses de fuego.