En casi dos años, o sea la mitad del gobierno Petro, las noticias diarias no son sus realizaciones y sus logros, sino sus escándalos de corrupción. Los actos irregulares por fuera de los tiempos de campaña, como el de la P de Petro en Barranquilla, financiado por quien hoy es el máximo contratista de su gobierno; las denuncias sobre los pactos del hermano de Petro con delincuentes en las cárceles; las revelaciones de la nuera de Petro, que involucran al hijo de Petro en financiación ilícita de su campaña; las afirmaciones de Benedetti sobre 15 mil millones de dineros oscuros que habrían ingresado a la campaña presidencial; los centenares de millones de pesos no registrados procedentes de Fecode y la USO, que violarían los topes electorales de esa campaña; las donaciones en especie no registradas por millas de millones de pesos de una empresa ilegal de captación masiva de dineros, en forma de un avión privado al servicio de dicha campaña; los 20.000 millones de las ollas comunitarias que se desviaron a las campañas petristas; y ahora, los 7,500 millones de pesos que según los contratistas entregaron como coimas al director y al subdirector de la Unidad de Riesgo.

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El caso Petro confirma lo que algunos analistas del fenómeno del escándalo político, como John B. Thompson, denominan el “efecto acumulativo del escándalo político”, es decir, que el escándalo llama al escándalo porque cada escándalo concentra aún más la atención del público y reduce aceleradamente la credibilidad y la confianza en el dirigente político. A estas alturas, son tantos y tan graves los escándalos que ya es posible afirmar que el legado de Petro no van a ser ni sus reformas (ya casi hundidas), ni sus realizaciones (que no se ven), sino sus escándalos.

Ya quedó seria y definitivamente cuestionada la legitimidad de su elección, independientemente de la suerte que corrieron los procesos por violación de topes electorales y por ingreso de dineros oscuros a su campaña, abiertos en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y la Fiscalía General de la Nación. Samper nunca fue condenado, pero su nombre está ligado al proceso 8000. Nixon tampoco fue condenado y obtuvo grandes logros en política internacional, pero su nombre es sinónimo de Watergate. John Profumo fue un excelente ministro de defensa en Inglaterra, pero solo se le recuerda por el escándalo que destruyó su renuncia. Dilma Rousseff evoca el escándalo de Lava Jato. Y así…

Mientras más cercanas al Presidente resulten las personas involucradas, más difícil será creer que el Presidente no sabía.

Al cuestionamiento de la legitimidad del origen del mandato de Petro ahora se suma el cuestionamiento de su gestión. El escándalo de los carrotanques para comprar apoyos políticos con dineros robados al erario público, sea en el Congreso para apoyar sus reformas, o sea para apoyar las campañas electorales del petrismo, difícilmente dejará de involucrar a personas del primer círculo de Petro oa él mismo. Si, como parece, Olmedo y Sneider no se robaron todo el botín, sino solo una parte, y tuvieron que repartirlo de manera muy precisa por órdenes superiores, pues es obvio que habría uno o varios funcionarios de mayor rango que también estuvieron participando en el ilícito, y no de cualquier manera, sino como determinadores y planificadores, es decir, como cabezas del delito.

Sobraría recordar que la Unidad de Riesgo depende directamente del Presidente de la República y responde ante él por su gestión; por tanto, en la repartición de un botón producto de un acto de corrupción realizado en esa entidad, siguiendo estrictas instrucciones de un superior jerárquico, como afirman Olmedo y Sneider, debería entonces haber personas de presidencia involucradas. Y mientras más cercanas al Presidente resulten las personas involucradas, más difícil será creer que el Presidente no sabía. La excusa de que “fue a sus espaldas” tiene ingrata recordación y no presenta ninguna credibilidad. El desvario de que todo esto es parte de un golpe de Estado, es sencillamente alucinante.

Muy temprano y muy duro le llegó la hora a la nueva Fiscal General de demostrar su independencia con respecto al gobierno, y su eficacia investigativa para resolver pronto y con claridad este entuerto. Los jueces de la República, que hoy por hoy son el principal bastión de defensa de nuestra democracia, tendrán la última palabra. El país, en vilo, está atento.





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