[ad_1]
El presidente Gustavo Petro tiene razón: comenzó el golpe. Y no se trata de un golpe blando, sino de una feroz arremetida contra los pilares de la Constitución, el Estado de derecho y la democracia colombiana. No se trata tampoco de un golpe contra el Gobierno, sino desde el Gobierno mismo. En vez de acomodar su proyecto político a la Constitución –que es lo que haría un demócrata–, lo que quiere el Presidente es reescribir las reglas de juego para hacer viable su agenda.
En otras palabras: en vista de que los contrapesos institucionales, encarnados por el Congreso y las cortes, han accionado con independencia y se han opuesto a algunas decisiones del Ejecutivo, el Presidente pretende patear la mesa y repartir él mismo las cartas.
Con cada vez mayor frecuencia, el mandatario les pide a sus bases movilizarse frente a las decisiones institucionales que le son contrarias. Eso también es antidemocrático. La gente versus la gente no hace más que debilitar nuestra democracia y la importancia del voto popular.
El presidente Petro está demostrando que considera que haber ganado las elecciones es argumento suficiente para imponer su agenda, como si ganar una elección fuese equivalente a un cheque en blanco para tomar el control total del Estado. Desde esa perspectiva, la intención del Presidente es clara: cambiar la Constitución para reforzar el presidencialismo. Acumular más poder y tener más atribuciones, incluyendo la posibilidad de gobernar bajo estados de excepción –y reformar por decreto–.
Nadie se sorprendería si, en el marco de la constituyente planteada por el presidente Petro, se pone sobre la mesa la idea de cambiar las reglas de elección del Congreso con el objetivo de modificar las mayorías actuales. Con un Congreso a su favor, le sería posible aprobar las iniciativas que hasta ahora se han negado.
El libreto con que comienzan las tiranías es más o menos siempre el mismo: inventar un enemigo, enfrentar a los ciudadanos entre sí, debilitar las instituciones y cambiar las reglas de juego.
Este gran acuerdo, en el que deben caber todas las personas –también quienes apoyan a Petro, pero hoy ya son conscientes del error–, debe sentar las bases de un gobierno de coalición.
Unidos por Colombia debe partir de un decálogo de principios, como el apoyo a la iniciativa privada, y la necesidad de transformar la transparencia y eficiencia del Estado colombiano, cuyo tamaño ha crecido exponencialmente desde 2018. Desde el punto de vista económico, es necesario defender la independencia del Banco de la República y el compromiso con la regla fiscal, que son dos pilares institucionales actualmente en entredicho. También es indispensable incluir compromisos sobre la asignación de recursos del presupuesto, incluyendo el papel de los proyectos regionales de inversión.
Este gran acuerdo, en el que deben caber todas las personas –también quienes apoyan a Petro, pero hoy ya son conscientes del error–, debe sentar las bases de un gobierno de coalición, reconstrucción y transición para Colombia durante el próximo cuatrienio. No se trata de limitar o reducir la competencia electoral en Colombia –que sería como apagar una fogata con gasolina–, sino de asegurar que el país se una en este momento y existe la gobernabilidad suficiente.
Unidos por Colombia debe apuntar mucho más allá de las elecciones. Se trata de avanzar en coalición con sectores que piensan distintos, pero depongan sus diferencias para recuperar e impulsar a Colombia. En última instancia, que la administración 2026-2030 sea un gobierno de transición. Hacer más, planear mejor, desactivar los ánimos y respetar las reglas de juego.
Revalidar el valor del conocimiento y la experiencia, poniéndolos al servicio del país y no de un gobierno de turno. Ese es el camino.
[ad_2]
Source link