La aprobación del proyecto de reforma pensional por el Senado fue una decisión positiva. La Cámara de Representantes tendrá ahora un tiempo corto para su trámite final. Políticamente es una discusión difícil, pero es una reforma social recomendable.
Introduzca tres cambios muy positivos. En primer lugar, crea un sistema en el cual el régimen de prima media, que maneja Colpensiones, se complementa con el de capitalización, que seguirá siendo manejado por los fondos de pensiones. La competencia de estos sistemas que creó la Ley 100 no ha sido positiva, porque genera pensiones muy diferentes en uno y otro régimen, entre otras razones porque el de prima media otorga hoy subsidios sustanciales a los pensionados de altos ingresos. Además, la reforma crea un buen fondo de ahorro para las cotizaciones adicionales que recibirán Colpensiones y que manejará el Banco de la República.
Debo agregar que, aunque hay críticas al umbral entre el régimen de reparto y el de capitalización, el de 2,3 salarios mínimos es aceptable. Garantizar que los beneficios que establece el régimen de prima media cubrirán a más del 80% de los trabajadores colombianos, que son los que tienen ingresos inferiores a 3 millones de pesos mensuales. No tiene sentido, por lo tanto, elevar ese umbral a 4 salarios mínimos.
El proyecto requiere, sin embargo, algunas reformas por parte de la Cámara. En primer término, la transición para quienes estarán sujetos al nuevo régimen debe mantenerse en 1.000 semanas, como propuso el Gobierno, y no reducirla a 750 semanas para mujeres y 900 para hombres, como lo aprobó el Senado. Dada la transición demográfica del país, el ajuste de esta norma es fundamental para la sostenibilidad fiscal del régimen pensional a largo plazo.
Debido a la transición demográfica, los jóvenes de hoy verán reducidos los beneficios pensionales, ya sea con esta reforma, sin ella, o con los cambios futuros. Lo importante es garantizar que puedan mejorar sus empleos para que sus beneficios no se vean reducidos.
Por último, es esencial que el Ministerio de Hacienda estime los costos de la eventual reducción en el régimen de transición y los beneficios adicionales propuestos. Sin aval fiscal, el proyecto corre el peligro de ser demandado.
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