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Las víctimas son un lugar común en los discursos sobre la paz en Colombia. Siempre se afirma que la protección de sus derechos es la principal motivación para negociar con los grupos armados y suscribir acuerdos de paz. Sin embargo, llegó el momento de preguntarse si realmente se ha dado respuesta a las expectativas de las víctimas.
En las últimas décadas, Colombia se ha convertido en un país de víctimas. Actualmente, la Unidad para las Víctimas reporta que existen 9’681.288 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. Es un universo enorme de personas que necesitan especiales atención en salud física y mental, educación, trabajo, además de la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación ya la no repetición que requieren una política pública focalizada que dé. respuesta a sus necesidades.
Esta situación comenzó a cambiar con la Ley 1448, en la cual se avanzó en la ayuda humanitaria, la reparación administrativa, la restitución de tierras y la protección especial de las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, todavía existen enormes retos que deben ser abordados.
1. La necesidad de modernizar el sistema de reparación administrativa y de restitución de tierras, porque para nadie es un secreto que la reparación está muy retrasada y requiere más recursos para su implementación.
2. Es un sistema creado antes del Acuerdo Final de Paz y, por lo tanto, no tiene en cuenta a la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, por lo cual las funciones entre estas se superponen y duplican. En este aspecto es necesaria una articulación interinstitucional. Actualmente una víctima de desaparición forzada, reclutamiento o desplazamiento tiene que sufrir un viacrusis, pasando de entidad en entidad, sin que ninguna le define totalmente su situación.
3. Se debe reconsiderar su participación en los procesos penales ordinarios, en donde son relegadas a una intervención secundaria, cuando fueron las principales afectadas por los delitos, para no hablar de la gran reforma que se debe hacer en materia disciplinaria donde ni siquiera son sujetos. procesales.
Además de todo ello, también preocupa que en los debates legislativos y académicos exista una tendencia a la minimización de los derechos de las víctimas. Quienes fundaron todo el sistema transicional creado en el acuerdo final en verdad, justicia y no repetición de las víctimas, hoy están comenzando a afirmar que es imposible repararlas a todas y que las víctimas no tienen derecho a una verdad judicial porque de la verdad ya se tomó la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, lo cual es una gran falacia pues esta emitió informes generales, pero no dio respuesta a hechos particulares.
Si para nuestra Corte Constitucional y para los creadores de la Justicia Transicional, como Ruti Teitel y Jon Elster, su fundamento es garantizar los derechos de las víctimas no puede decírseles ahora simplemente que no pueden esclarecerse sus hechos ni repararse sus daños porque no hay recursos. Las víctimas han dado todo para la construcción de la paz, llegó el momento de retribuirles
También llama la atención que mientras las víctimas del conflicto están siendo ignoradas y minimizadas, el Gobierno quiera darle el estatus de víctimas a la primera línea, que afectará con sus actos a millas de personas. El mundo al revés. Volver víctimas a los victimarios es muy grave, pues destruye los principios morales en una sociedad.
Finalmente, no deben olvidarse los millones de víctimas de la corrupción. Solo basta mirar lo que pasó en La Guajira. Los esfuerzos anticorrupción deben exigir la reparación. La agilidad y transparencia de este proceso serán el sello de la gestión de la nueva fiscal general de la Nación.
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