Como es habitual en esta época del año, varios integrantes del equipo económico se encuentran desde hace unos días en la ciudad de Washington. El motivo no es otro que las reuniones de primavera que organizan de manera conjunta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito de pasarles revista a asuntos relacionados con la marcha de la economía global.

Para tal fin, se congregan los ministros de finanzas y banqueros centrales de los 190 países que componen la membresía de las entidades multilaterales mencionadas. La ocasión sirve también para asistir a seminarios técnicos, relacionarse con inversionistas y tratar asuntos de carácter individual con los organismos en cuestión.

Precisamente, Ricardo Bonilla tiene entre sus encargos el de hablar con la búlgara Kristalina Georgieva, quien viene de ser reelegida como cabeza del FMI para otro periodo de cinco años. El mensaje que debe transmitir el ministro de Hacienda proviene de la Casa de Nariño y consiste en la aspiración que tiene Gustavo Petro de renegociar una deuda que Colombia tiene con el Fondo.

Entender en qué consiste la petición exigese devolverse en el tiempo. Cuando hace algo más de quince años estalló la crisis financiera internacional, una de las respuestas adoptadas por la entidad consistió en la creación de la que se denominó “línea de crédito flexible”.

No sobra señalar que cada punto adicional sobre
la obligación valdría 54 millones de dólares anuales más, solo en intereses.

El instrumento, al cual solo tiene acceso las naciones con fundamentos económicos fuertes y marcos institucionales de política sólidas, es, en la práctica, un cupo de préstamo de muy bajo costo descrito como temporal y preventivo. Para ponerlo de manera simple, se trata de proteger a aquellos países serios que pueden verse afectados por eventos externos extremos en los que no tienen responsabilidad alguna.
Desde un comienzo, en 2009, Colombia fue incluida en dicho club, junto con México o Polonia. No obstante contar siempre con la opción, no fue sino hasta finales de 2020 cuando se pidió un desembolso de 5.400 millones de dólares, para protegerse ante los eventuales impactos de la pandemia.

Ahora se aproxima el momento de pagar dicha obligación en dos contados anuales, tal como se estipuló en su momento. Dado que la necesidad de hacer esos giros restringe el espacio presupuestal del Gobierno, el Presidente de la República mencionó en un discurso la idea de reprogramar tales acreencias. El propósito sería aumentar el margen de gasto en más de diez billones de pesos por año, a la tasa de cambio actual.

Sin embargo, semejante iniciativa solo puede ser calificada de inconveniente e inoportuna. Para comenzar, los expertos coinciden en que no se puede hacer. Si acaso, aparecería la opción de otra línea de crédito mucho más onerosa para remplazar la que se tiene en condiciones preferenciales. No está de más señalar que cada punto adicional sobre la obligación valdría 54 millones de dólares anuales más, solo en intereses.

Aparte de lo anterior, los técnicos están en proceso de negociar la extensión de la vigencia de la línea flexible. La señal enviada desde Bogotá es pésima y puede llevar a que sencillamente perdamos el acceso privilegiado que teníamos. Eso sí que sería quedarse con el pecado y sin el género.





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